Comunidad energética: qué es, cómo funciona y por qué te interesa

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En los últimos años, cada vez se oye más hablar de comunidades energéticas y autoconsumo compartido, pero todavía hay mucha gente que no tiene claro qué son exactamente, cómo funcionan o qué diferencia hay con un simple autoconsumo colectivo entre vecinos. La realidad es que se han convertido en una pieza clave de la transición energética y en una oportunidad muy interesante para barrios, pueblos, polígonos industriales y todo tipo de colectivos.

Imagina que tu bloque de pisos, tu urbanización, tu barrio entero o incluso un polígono industrial decide organizarse para producir, gestionar y consumir energía renovable de forma conjunta, compartiendo instalaciones y tomando las decisiones entre todos. Eso, con algo más de estructura jurídica y un enfoque muy social, es lo que hay detrás del concepto de comunidad energética.

Qué es una comunidad energética y qué la hace especial

Cuando hablamos de comunidad energética nos referimos a una entidad jurídica formada por socios o miembros (personas físicas, pymes, entidades locales, asociaciones…) que se unen voluntariamente para desarrollar proyectos relacionados con la energía, sobre todo con fuentes renovables, y para disfrutar de los beneficios que estos generan en su propio entorno.

La gran diferencia frente a los actores tradicionales del sector eléctrico es que la finalidad principal no es maximizar la ganancia financiera, sino conseguir beneficios ambientales, económicos y sociales para la comunidad local. Es decir, la energía pasa de estar en manos de grandes compañías a ser gestionada, al menos en parte, por la ciudadanía y el tejido local.

Estas entidades se apoyan en una serie de principios muy claros: participación abierta y voluntaria, gobernanza democrática y control efectivo de los socios. Esto se traduce en que cualquier persona o entidad elegible puede entrar (sin discriminaciones raras), las decisiones se toman de forma transparente y quienes participan realmente controlan el rumbo del proyecto.

Las comunidades energéticas son, además, auténticos ecosistemas de transición energética: no solo pueden producir y consumir electricidad renovable, sino que también pueden impulsar eficiencia energética, movilidad sostenible, almacenamiento, rehabilitación de edificios o actividades de formación y sensibilización.

En el ámbito europeo, la normativa ha definido dos grandes figuras que engloban estas iniciativas y que también se han incorporado al marco regulatorio español: las Comunidades Ciudadanas de Energía (CCE) y las Comunidades de Energía Renovable (CER).

Marco europeo y español de las comunidades energéticas

La Unión Europea ha dado un paso muy importante al reconocer legalmente las comunidades energéticas en dos directivas clave, que luego España ha ido adaptando a su propio marco. Gracias a ello se sientan las bases para que la ciudadanía participe activamente en el sistema energético y no sea solo un consumidor pasivo que paga la factura de la luz.

Por un lado, la Directiva (UE) 2019/944, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, introduce la figura de la Comunidad Ciudadana de Energía (CCE). Estas entidades pueden desarrollar todo tipo de actividades dentro del sector eléctrico: producción, consumo, distribución, agregación, almacenamiento, suministro, servicios de eficiencia energética o incluso recarga de vehículo eléctrico.

Por otro lado, la Directiva (UE) 2018/2001, sobre fomento del uso de energías renovables, define las Comunidades de Energía Renovable (CER), centradas específicamente en proyectos de energías renovables. Aquí el foco está en que los socios estén situados en la proximidad de las instalaciones y en que el proyecto tenga un carácter claramente local.

En España, estas figuras han sido incorporadas a la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico mediante modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 23/2020 y otras normas posteriores, como el Real Decreto-ley 5/2023. La definición española de comunidad de energías renovables recalca que se trata de entidades con participación abierta y voluntaria, autonomía en la toma de decisiones y control real por parte de socios situados cerca de los proyectos (personas físicas, pymes o autoridades locales).

Su objetivo primordial, según la legislación, es proporcionar beneficios medioambientales, económicos y sociales a sus miembros o al entorno local, y no tanto obtener un beneficio puramente financiero. Además, se subraya el carácter cercano de las CER, estableciendo que los socios deben encontrarse en las proximidades de las instalaciones renovables, con radios de actuación adaptados al tamaño del municipio y condiciones especiales para pueblos pequeños o en riesgo de despoblación.

En paralelo, en España se ha ido diseñando un marco facilitador específico para estas entidades, aunque aún no existe una regulación completamente cerrada. Por eso, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha sometido a información pública un proyecto de Real Decreto sobre comunidades energéticas, con la intención de dotarlas de un marco más claro y flexible.

Actividades que puede desarrollar una comunidad energética

Una de las grandes virtudes de estas iniciativas es que son muy versátiles: no se limitan a tener placas solares en un tejado, sino que pueden abarcar prácticamente todo lo relacionado con la energía y la sostenibilidad en el territorio donde se ubican.

Entre las actividades más habituales se encuentra la generación de energía renovable, normalmente eléctrica, mediante instalaciones fotovoltaicas compartidas, minieólica o incluso aprovechando biomasa o biogás. Esta producción puede destinarse al autoconsumo colectivo, a la venta de excedentes o a alimentar otros servicios energéticos asociados.

También juegan un papel importante en la mejora de la eficiencia energética. Muchas comunidades energéticas impulsan la rehabilitación energética de edificios, la renovación de instalaciones térmicas, la mejora de aislamientos, la sustitución de equipos ineficientes o la implantación de sistemas de monitorización del consumo para reducir la demanda.

Otra línea de trabajo muy potente es la prestación de servicios de movilidad sostenible. Aquí entran proyectos de puntos de recarga para vehículos eléctricos alimentados con energía renovable local, sistemas de car sharing eléctrico impulsados por vecinos, o soluciones de transporte compartido más eficientes y menos contaminantes.

Además, estas entidades pueden asumir funciones de almacenamiento, agregación y gestión de la demanda, ya sea con baterías comunitarias, con sistemas de gestión inteligente que desplazan consumos a horas de mayor generación renovable o participando en nuevos mercados energéticos.

Por último, muchas comunidades energéticas dedican recursos a actividades de formación, sensibilización y dinamización social, generando un tejido comunitario alrededor de la energía: talleres, charlas, grupos de trabajo, participación en procesos de planificación urbana, etcétera.

Cómo funciona en la práctica una comunidad energética

Aunque cada proyecto tiene su propia estructura, suele haber una serie de pasos y elementos comunes. Todo arranca con un grupo promotor formado por vecinos, asociaciones, pymes, ayuntamientos o cualquier combinación de estos actores que quiere implicarse en la transición energética de su entorno.

Una vez hay un grupo interesado, se realiza un prototipado o estudio previo de la solución: se analiza cuánta energía se consume en el área, qué potencial renovable hay (tejados disponibles, terrenos, recursos eólicos o de biomasa), qué tipo de instalación conviene (tamaño, ubicación, tipo de tecnología) y cómo podría repartirse la energía generada entre los participantes.

En paralelo se lleva a cabo un estudio de viabilidad económica, en el que se revisa la inversión necesaria, las posibles ayudas y subvenciones, los plazos de recuperación, los modelos de aportación de capital por parte de los socios y las expectativas de ahorro y retorno social.

Con esa base se elige la forma jurídica más adecuada: puede ser una cooperativa, una asociación, una sociedad limitada específica, una entidad local u otras figuras permitidas por la normativa, siempre que se respete la participación abierta, la autonomía y el control efectivo por parte de socios como ciudadanos, pymes o administraciones locales.

Definida la entidad, se ejecuta el proyecto técnico: instalación de la planta renovable (por ejemplo, una cubierta fotovoltaica en el tejado de un bloque de viviendas, una nave industrial o un edificio público), tramitación administrativa, legalización, conexión a red, puesta en marcha y diseño del sistema de reparto de la energía producida.

Después viene la fase de operación: la comunidad se encarga de gestionar la energía y el día a día del proyecto. Esto incluye monitorizar la producción y el consumo, ajustar los coeficientes de reparto, aprobar nuevas inversiones, decidir el destino de los excedentes, fomentar nuevas medidas de eficiencia o ampliar el número de socios.

Autoconsumo compartido vs comunidad energética

Muchas comunidades energéticas nacen a partir de un proyecto de autoconsumo colectivo o compartido, pero no son exactamente lo mismo. Es importante diferenciar ambos conceptos para no quedarse a medias en el potencial de este tipo de iniciativas.

En un esquema típico de autoconsumo compartido, varios consumidores (por ejemplo, los vecinos de una comunidad de propietarios) se ponen de acuerdo para instalar placas solares en una cubierta común y repartirse la energía generada según unos coeficientes fijos o dinámicos. No hace falta crear una entidad jurídica específica para ello, y su función es básicamente producir electricidad para esos consumidores y reflejarla en sus facturas.

Una comunidad energética, en cambio, da un paso más. Además de poder arrancar con ese mismo proyecto de autoconsumo, sí tiene entidad jurídica propia y puede desarrollar muchas más actividades: rehabilitación energética, movilidad eléctrica, almacenamiento, formación, compra colectiva de energía, gestión de la demanda o incluso participación en mercados energéticos organizados.

Otra diferencia clave está en la gobernanza y en el propósito. En una comunidad energética los socios participan de forma democrática en la toma de decisiones estratégicas (qué se hace con los beneficios, qué nuevos proyectos se impulsan, qué socios se admiten, qué acuerdos se firman con terceros, etc.), mientras que en un simple autoconsumo compartido el margen de decisión suele ser mucho más limitado.

Además, las comunidades energéticas están pensadas para que los beneficios se queden en el territorio. No solo se ahorra en la factura, sino que se generan empleos locales, se crean nuevas oportunidades de negocio en torno a las renovables, se refuerza el tejido social y se promueve la lucha contra la pobreza energética en el entorno cercano.

Ventajas ambientales, sociales y económicas

Las comunidades energéticas aportan un conjunto muy amplio de beneficios, que van bastante más allá del mero ahorro económico. En el plano ambiental, contribuyen directamente a reducir la dependencia de combustibles fósiles y a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que la energía se genera con tecnologías renovables locales como la solar, la eólica o la biomasa.

En países como España, con una cercana al 70 %, el hecho de sustituir parte del consumo de gas, carbón o petróleo por generación renovable distribuida es clave para cumplir los objetivos de descarbonización fijados para 2030 y más allá, y para incrementar la seguridad de suministro frente a crisis de precios internacionales.

Desde el punto de vista económico, permiten rebajar los costes energéticos de hogares, pymes y administraciones. Al producir energía de forma local y aprovechar medidas de eficiencia energética, se reduce la demanda de energía de la red y se abarata la factura de la luz y, en su caso, de la energía térmica. Esto es especialmente relevante para familias vulnerables y personas en situación de pobreza energética.

Además, las comunidades energéticas impulsan la economía local y la creación de empleo. Se necesitan instaladores, ingenierías, empresas de mantenimiento, proveedores de equipos, técnicos especializados y perfiles de gestión, lo que genera actividad económica en el propio territorio y promueve un modelo más cercano a la economía circular.

En el plano social, favorecen la cohesión, la participación ciudadana y el empoderamiento. Los vecinos, pymes y entidades locales dejan de ser figuras pasivas y se convierten en protagonistas de la transición energética. Se crean redes de cooperación, se comparten conocimientos, se promueven proyectos colectivos y se refuerzan los vínculos entre distintos sectores del municipio.

Barreras y retos a los que se enfrentan

A pesar de todas sus ventajas, las comunidades energéticas todavía se topan con varios obstáculos que dificultan su expansión. Uno de los más recurrentes es la falta de un marco normativo completamente desarrollado, claro y estable, lo que genera incertidumbre a la hora de diseñar proyectos a largo plazo o de atraer financiación.

Los procedimientos administrativos para poner en marcha instalaciones renovables o proyectos de eficiencia energética pueden resultar complejos y lentos, especialmente para entidades que se apoyan en voluntariado o en personas que no provienen del sector energético. Esto hace que, en muchos casos, se necesite el apoyo de asesoría técnica y jurídica especializada.

Otra dificultad importante es el acceso a financiación. Aunque existen ayudas públicas, como las incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) o en el PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (PERTE ERHA), sigue siendo complicado recaudar capital inicial entre la ciudadanía, pequeñas empresas y administraciones locales, y convencer a financiadores que perciben un riesgo elevado por la novedad del modelo.

También pesan las barreras de conocimiento y motivación: muchas personas desconocen qué es realmente una comunidad energética, qué implica participar o qué beneficios concretos puede aportarles. A esto se suma la falta de tiempo para dedicar a la gestión voluntaria y la necesidad de contar con personas dinamizadoras que tiren del carro durante las fases iniciales.

Por último, la propia gobernanza democrática y local, que es una de las grandes fortalezas de estas entidades, también puede complicar la toma de decisiones si no se estructura bien: hace falta definir roles, procesos de votación, mecanismos de transparencia y herramientas de participación para que el proyecto avance sin bloqueos.

Ejemplos y situación en España

En España ya hay un número creciente de proyectos en marcha, impulsados tanto por la ciudadanía como por ayuntamientos y empresas locales. Uno de los referentes tempranos ha sido el municipio de Crevillent (Alicante), donde el Grupo Enercoop impulsó una de las primeras comunidades energéticas locales de Europa, demostrando que este modelo no es una teoría, sino algo perfectamente viable.

Existen numerosos ejemplos de instalaciones solares compartidas en comunidades de vecinos: bloques de pisos que deciden aprovechar la cubierta para generar energía fotovoltaica, repartirla entre los hogares y reducir así su factura y su huella de carbono. En urbanizaciones con varias edificaciones también empiezan a verse proyectos similares.

Otro tipo de iniciativa muy interesante son las estaciones de recarga de vehículos eléctricos alimentadas con energía renovable, promovidas por ayuntamientos o asociaciones locales. De esta forma, se facilita el cambio hacia una movilidad menos contaminante, al tiempo que se aprovecha la generación distribuida de energía solar o eólica.

También hay comunidades que han puesto en marcha servicios de car sharing eléctrico a nivel de barrio, donde vecinos comparten vehículos alimentados con energía generada localmente. Este tipo de soluciones no solo reduce emisiones, sino que también cambia hábitos de movilidad y fomenta el uso eficiente de los recursos.

Según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), en las primeras convocatorias de ayudas a comunidades energéticas se han financiado decenas de proyectos por toda España, con miles de socios y una importante capacidad de generación renovable instalada. En la web del IDAE existe incluso un mapa interactivo donde se pueden consultar muchas de estas iniciativas.

En el caso concreto de Galicia, por ejemplo, ya hay varias comunidades energéticas activas, como la Asociación Begonte Genera (Lugo), la Asociación Arousa en Transición (Illa de Arousa, Pontevedra) o la Asociación Comunidad Energética Camposancos (A Guarda, Pontevedra), que muestran cómo este modelo puede adaptarse tanto a entornos urbanos como rurales.

Oportunidades para empresas energéticas y otros actores

Las comunidades energéticas no son solo cosa de ciudadanía y ayuntamientos; también representan una oportunidad interesante para empresas energéticas y proveedores de servicios, siempre que respeten el control efectivo por parte de los socios y el carácter local y democrático de estas entidades.

Las compañías pueden participar como miembros individuales de la comunidad (si cumplen los criterios de elegibilidad, por ejemplo siendo pymes o pequeñas empresas), colaborar en proyectos de copropiedad de instalaciones renovables o prestar servicios técnicos, de operación, mantenimiento, financiación o digitalización.

Eso sí, en el caso concreto de las Comunidades Ciudadanas de Energía, la normativa europea deja claro que las grandes empresas energéticas no pueden ejercer el control de la comunidad, aunque sí podrían colaborar como participantes sin capacidad decisoria dominante, asegurando que la gobernanza sigue en manos de ciudadanía, pymes y entidades locales.

Más allá del sector puramente energético, existen también oportunidades para ingenierías, empresas de construcción, estudios de arquitectura, consultoras ambientales, plataformas digitales de monitorización y compañías de movilidad, que pueden encontrar en las comunidades energéticas un nuevo espacio donde desarrollar soluciones innovadoras.

Organizaciones sectoriales como UNEF (Unión Española Fotovoltaica) están trabajando activamente para impulsar y acompañar el desarrollo de estas comunidades, difundiendo información sobre ayudas, cambios normativos, modelos de negocio y buenas prácticas, así como proponiendo mejoras regulatorias que faciliten su consolidación.

Ayudas públicas y papel de las administraciones

El despliegue de comunidades energéticas está muy ligado al apoyo institucional. A nivel estatal, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha reservado fondos específicos para este tipo de proyectos, canalizados en parte a través del PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (PERTE ERHA).

Entre otras medidas, estas líneas de apoyo incluyen subvenciones para inversiones en instalaciones renovables, almacenamiento, movilidad sostenible y eficiencia energética dentro del marco de comunidades energéticas. En las primeras convocatorias, dotadas con decenas de millones de euros, se han financiado proyectos que agrupan a decenas de miles de socios en todo el país.

El proyecto de Real Decreto sobre comunidades energéticas que ha lanzado el MITECO propone que estas entidades puedan acceder al Régimen Económico de Energías Renovables y participar en las subastas periódicas que otorgan retribuciones reguladas, reservando incluso cupos específicos de potencia para ellas.

Además, se plantea liberar un porcentaje de la capacidad de algunos nudos de la red eléctrica (un 5 % de la capacidad disponible) para destinarla exclusivamente a instalaciones de generación vinculadas a comunidades energéticas, facilitando así su acceso a la red frente a proyectos de gran escala.

Las administraciones autonómicas y locales también juegan un papel esencial, tanto impulsando proyectos propios (por ejemplo, comunidades energéticas municipales) como ofreciendo apoyo técnico, simplificación de trámites, cesión de cubiertas o terrenos y campañas de información ciudadana. Algunas regiones han desarrollado hojas de ruta específicas y acuerdos con entidades sectoriales para acelerar el despliegue de estos modelos.

Para resolver dudas y orientar a la ciudadanía, empresas y organismos públicos, el IDAE dispone de servicios de información especializados, a los que se puede acceder a través de formularios de contacto, correo electrónico, teléfono o WhatsApp, facilitando así el primer contacto con este tipo de proyectos.

En conjunto, las comunidades energéticas están transformando la forma en la que producimos y usamos la energía: convierten tejados y espacios infrautilizados en fuentes de electricidad limpia, fortalecen la economía local, reducen la factura de hogares y negocios, fomentan la movilidad sostenible y tejen redes de cooperación entre vecinos, empresas y administraciones que hace unos años parecían impensables; todo ello las sitúa como una de las herramientas más potentes para avanzar hacia un modelo energético más democrático, eficiente y respetuoso con el medio ambiente.