Los Certificados de Ahorro Energético (CAE) han pasado en muy poco tiempo de ser una rareza normativa a convertirse en una pieza clave de la política energética española. Hace apenas unos años casi nadie fuera de los entornos técnicos sabía qué eran, y hoy hablamos de un mercado que mueve miles de GWh certificados, cientos de millones de euros y que está reconfigurando cómo se financian los proyectos de eficiencia en industria, transporte, sector terciario y residencial.
Este nuevo mercado de la eficiencia no solo ha demostrado su capacidad para canalizar inversión privada, sino que está alcanzando un nivel de madurez que obliga a subir el listón: más rigor en la verificación, más coordinación institucional, nuevas metodologías y una clara apuesta por integrar a pymes, administraciones públicas y sectores menos activos hasta ahora. Vamos a ver, con calma pero con todo el detalle, cómo funciona este ecosistema, quién participa en él y por qué los CAE se han convertido en un activo económico de primer orden.
Qué es el sistema de Certificados de Ahorro Energético y cómo ha crecido
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El sistema de Certificados de Ahorro Energético se enmarca en el Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética y nace para cumplir con los objetivos europeos de ahorro de energía, especialmente los derivados de la Directiva 2012/27/UE y su actualización (Directiva (UE) 2018/2002). La base jurídica la aporta el Real Decreto 36/2023, que permite que los ahorros de energía final se conviertan en certificados negociables.
La lógica es sencilla pero muy potente: cuando una actuación reduce de forma demostrable el consumo de energía final, esos kWh ahorrados pueden certificarse como CAE. Cada certificado representa 1 kWh de energía final ahorrada, debidamente calculado, verificado por una entidad acreditada por ENAC y registrado por la administración. A partir de ahí, esos CAE pueden utilizarse para cumplir obligaciones de ahorro o venderse en el mercado.
En apenas tres ejercicios se ha pasado de cifras testimoniales a volúmenes muy significativos. Tras un arranque moderado, los datos oficiales muestran que de unos 12 GWh certificados en 2023 se pasó a 1.900 GWh en 2024 y a cerca de 5.790 GWh en 2025, lo que da idea de la velocidad de despliegue del sistema. Solo en 2025 se gestionaron 3.922 solicitudes de emisión, de las que 2.464 resultaron favorables, 265 desfavorables y 110 desestimadas.
Estos volúmenes de ahorro certificados se han traducido en una movilización de ingresos superior a los 200-230 millones de euros para empresas y entidades que han apostado por medidas de eficiencia. Si se proyecta esta dinámica hasta 2030, las estimaciones apuntan a que el sistema podría acompañar más de 33.000 millones de euros de inversión en actuaciones de ahorro en toda España.
Marco económico: equivalencia financiera y monetización de ahorros
Detrás del interés por los CAE hay una cifra clave: la equivalencia financiera. Desde la aprobación de la Ley 18/2014, las comercializadoras de electricidad, gas y productos petrolíferos —los llamados sujetos obligados— deben contribuir a los objetivos nacionales de eficiencia aportando fondos al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), o bien presentando CAE.
La obligación de ahorro que corresponde a cada empresa se calcula en función de sus ventas energéticas y se convierte en dinero aplicando un valor anual de equivalencia financiera. En 2025 este valor se ha situado alrededor de 189,165 €/MWh, y hasta ahora siempre ha mostrado una tendencia al alza. Esa cifra marca el techo económico: ningún sujeto obligado estará dispuesto a pagar por un CAE más de lo que le cuesta cumplir su obligación vía FNEE.
El modelo de negocio para los distintos agentes se construye, por tanto, sobre la posibilidad de comprar o generar ahorros a un coste inferior al de la equivalencia financiera y venderlos como CAE con margen. En la práctica, el propietario inicial del ahorro puede estar recibiendo entre 115 y 140 €/MWh por la venta de sus ahorros, mientras que en el mercado secundario los CAE pueden negociarse a precios que rondan o superan los 150 €/MWh, siempre por debajo de la equivalencia financiera.
Esto explica por qué hay tanta actividad: las empresas consumidoras recuperan parte de la inversión en eficiencia, las firmas especializadas encuentran nuevas líneas de negocio y las compañías energéticas reducen su coste de cumplimiento frente al FNEE. Todo ello, además, con un claro impacto ambiental en forma de reducciones de emisiones de CO₂ que ya se acercan o superan el medio millón de toneladas anuales.
Actores del sistema CAE y sus funciones
El ecosistema de los CAE se articula en torno a varios agentes con roles bien definidos que interactúan en cadena. Esta estructura es la que permite que el sistema sea escalable y genere un mercado profesionalizado de la eficiencia energética.
En primer lugar están los sujetos obligados: comercializadoras de electricidad, gas y operadores de productos petrolíferos o GLP. Son quienes tienen la obligación legal de alcanzar determinados volúmenes de ahorro cada año. Pueden cumplir pagando al FNEE, ejecutando sus propias actuaciones de ahorro o adquiriendo CAE en el mercado.
Junto a ellos aparecen los sujetos delegados, empresas acreditadas por el Coordinador Nacional (MITERD) para generar CAE por cuenta propia o de terceros. Pueden comprometerse contractualmente con los sujetos obligados a entregarles una cantidad determinada de CAE anuales. Hoy operan ya decenas de sujetos delegados que trabajan en residencial, terciario, industria y transporte.
Otro actor clave es el propietario del ahorro, que suele coincidir con la empresa o entidad que realiza la inversión en eficiencia (por ejemplo, una industria que moderniza una caldera o un hotel que rehabilita su envolvente). Esta figura posee los ahorros energéticos, pero no los CAE; puede ceder o vender la titularidad de esos ahorros una sola vez a cambio de una contraprestación económica.
En medio de la cadena operan los intermediarios: ingenierías, consultoras, instaladores, fabricantes de equipos o empresas de servicios energéticos (ESEs) que identifican proyectos, asesoran al propietario del ahorro y facilitan la conexión con sujetos obligados o delegados. Para muchos de ellos, la comercialización de ahorros y CAE es ya una línea de negocio adicional a su actividad tradicional.
Las entidades verificadoras acreditadas por ENAC son una pieza esencial del engranaje. Su misión es revisar expedientes, confirmar que la actuación se ha ejecutado, que la documentación es completa y que los cálculos de ahorro son correctos. Su informe favorable es un requisito indispensable antes de solicitar la emisión de CAE. Sin esta verificación independiente, el sistema perdería credibilidad.
En el plano institucional, las comunidades autónomas actúan como gestores autonómicos: analizan las solicitudes de emisión de CAE de su territorio y proponen su inscripción en el Registro Nacional de CAE. El MITERD, como Coordinador Nacional, acredita a los sujetos delegados, lleva el registro, fija las reglas de funcionamiento, revisa actuaciones de ámbito supraautonómico y contabiliza las liquidaciones de CAE frente a las obligaciones anuales.
Diferencia entre ahorros energéticos y CAE: mercados primario y secundario
Es habitual confundir los ahorros energéticos con los CAE, pero no son lo mismo. Cualquier persona o empresa puede lograr ahorros de energía al implantar medidas de eficiencia, pero solo los sujetos obligados y los sujetos delegados pueden ser titulares de CAE. Los ahorros son la “materia prima” que, tras un proceso regulado, se transforma en certificados.
Esta diferencia se plasma en la existencia de dos mercados claramente diferenciados. Por un lado está el mercado primario, en el que el producto que se compra y se vende es el ahorro energético anual asociado a una medida de eficiencia. Aquí pueden operar prácticamente todos los agentes: propietarios del ahorro, intermediarios, sujetos obligados y delegados.
En el mercado primario el precio de compraventa se negocia caso a caso, en función de variables como el volumen de ahorro en MWh, el tipo de actuación, el momento del año o los costes previstos de verificación y tramitación. No existe un precio oficial, y es habitual que actuaciones de menor tamaño obtengan un precio por MWh inferior al de grandes proyectos con muchos ahorros agregados.
Una vez que esos ahorros se documentan, verifican y convierten en certificados, pasan a circular en el mercado secundario, donde el activo negociado es el CAE ya emitido y registrado. Solo sujetos obligados y delegados pueden tener CAE en propiedad y transaccionarlos.
En este mercado secundario el precio de los certificados está condicionado por la equivalencia financiera y por el grado de cobertura que tengan en cada momento los sujetos obligados sobre su obligación anual. Cuando se acerca el cierre del ejercicio y las coberturas son bajas, los precios tienden a subir. Cuando hay abundancia de certificados y las obligaciones están prácticamente cubiertas, la presión al alza se reduce.
Cómo se calculan los ahorros: medidas estándar y singulares
Para que una actuación genere CAE es imprescindible que produzca ahorro de energía final. Quedan fuera del sistema, por ejemplo, inversiones que solo reducen consumo de energía primaria sin mejorar el eficiencia del activo al que dan servicio, como muchas instalaciones de autoconsumo fotovoltaico que sustituyen energía de la red, pero no mejoran el rendimiento de equipos existentes.
Las metodologías de cálculo se dividen en dos grandes grupos. En el primero están las actuaciones estandarizadas, recogidas en el Catálogo de Medidas Estándar del MITECO. Son actuaciones muy repetitivas, con comportamientos bien conocidos y que permiten establecer fórmulas sencillas para estimar los ahorros: sustitución de luminarias por LED, cambio de calderas de combustión por bombas de calor, instalación de variadores de frecuencia, mejora de aislamientos en fachadas y cubiertas, sustitución de ventanas, renovación de equipos de climatización, entre otros.
Cada ficha establece el ámbito de aplicación, requisitos técnicos, fórmula de cálculo y documentación que debe presentarse. Esto simplifica enormemente la tramitación y reduce la incertidumbre, lo que ha hecho que estas medidas representen cerca del 47-48 % del ahorro certificado en algunos ejercicios, especialmente en sectores residencial y terciario.
El segundo grupo lo forman las medidas singulares, que no están recogidas en el catálogo estándar o que, por su complejidad o carácter innovador, requieren un análisis individualizado. Suelen ser proyectos de gran envergadura, muy presentes en el sector industrial, donde hay que definir con detalle la línea base de consumo, ajustar los factores de normalización (producción, clima, etc.) y verificar los ahorros de manera más exhaustiva.
Estos proyectos singulares suelen tener costes de tramitación y verificación más elevados, pero también un potencial de ahorro importante que justifica el esfuerzo adicional. En términos agregados, las actuaciones singulares han llegado a aportar en torno al 52-53 % del ahorro total certificado en determinados años, con la industria liderando claramente el reparto sectorial con más del 57 % de los GWh certificados.
Conviene recordar que los ahorros se calculan siempre con carácter anual y solo pueden monetizarse una vez, aunque la medida de eficiencia tenga una vida útil mucho mayor. Es decir, no se generan CAE todos los años por la misma actuación, sino que se concentra el valor económico de esos ahorros en una única operación.
Distribución sectorial y territorial de los CAE
El despliegue de los CAE no está siendo homogéneo ni por sectores ni por territorios. Por ramas de actividad, el sector industrial es el gran protagonista: concentra más de la mitad del ahorro certificado en muchos ejercicios, gracias a actuaciones como recuperación de calor, optimización de procesos térmicos, modernización de hornos y calderas, mejora de sistemas de climatización industrial o implantación de variadores de velocidad.
El transporte ha ganado peso con rapidez y ya representa más de una cuarta parte del ahorro en algunos años, con actuaciones como la sustitución de vehículos de combustión por eléctricos o la mejora de flotas y logística. A ello se suman proyectos en el sector agropecuario (bombeos eficientes, mejoras de aislamiento en granjas, modernización de equipos de conservación) y en los sectores residencial y terciario, muy vinculados a las medidas estandarizadas de rehabilitación y renovación de equipos.
En el plano geográfico, los datos muestran una fuerte concentración en los grandes polos económicos. La Comunidad de Madrid encabeza el ranking con unos 1.150 GWh solicitados y más de 660 expedientes en 2025, seguida de Cataluña, que supera los 750 GWh y 580 solicitudes, y de Castilla y León, que destaca por su capilaridad con cerca de 620 GWh y casi 1.000 solicitudes.
Comunidades como Galicia también registran volúmenes relevantes (más de 330 GWh), mientras que regiones como Extremadura, Baleares o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla aparecen en la parte baja del ranking pese a disponer de un potencial de ahorro importante, especialmente en regadíos, turismo y pequeña industria agroalimentaria.
Andalucía es un caso particular: en 2025 se ejecutaron allí 442 actuaciones que generaron cerca de 188 millones de CAE, cuatro veces más que en 2024, con un retorno aproximado de 25 millones de euros para empresas. La Junta ha lanzado el programa “CAE Andalucía 2026” con el objetivo de triplicar el ahorro conseguido y alcanzar unas 48 ktep, alrededor del 30 % del ahorro anual previsto en su Estrategia Energética de 2030.
Ejemplo práctico: cambio de caldera por bomba de calor
Para entender de forma sencilla cómo se reparte el valor en la cadena de los CAE, nada mejor que bajar a un ejemplo concreto. Imaginemos una industria que decide sustituir una caldera de gas por una bomba de calor, con una inversión de 120.000 €. Gracias a la mejora tecnológica, reduce su consumo en unos 510.000 kWh al año.
Antes de la existencia de los CAE, la empresa recuperaba la inversión a través del ahorro en la factura energética y, si tenía suerte, alguna subvención. Ahora, además, puede vender sus ahorros energéticos. Supongamos que el instalador le ofrece comprarle esos 510 MWh anuales de ahorro por 120 €/MWh. Esto supone un ingreso adicional de 61.200 €, reduciendo el coste neto de la inversión y el plazo de retorno en aproximadamente año y medio.
El instalador, a su vez, tiene un acuerdo previo con un sujeto delegado que se compromete a adquirirle todos los ahorros que consiga a 135 €/MWh. En la operación descrita, el instalador obtiene unos 7.650 € de margen (510 MWh por 15 €/MWh) por su papel de intermediación y preparación básica de la documentación, sin contar su beneficio como proveedor de la propia bomba de calor.
Posteriormente, el sujeto delegado recopila toda la documentación, encarga la verificación a una entidad acreditada y, una vez disponen del dictamen favorable, solicita la emisión de los CAE al gestor autonómico correspondiente. Tras unas semanas, los certificados quedan registrados y el delegado puede venderlos en el mercado secundario, por ejemplo, a 155 €/MWh.
Si restamos los 135 €/MWh pagados por los ahorros y los costes de verificación y gestión, el sujeto delegado puede quedarse con un margen bruto en torno a los 8.000 €. El sujeto obligado que compra los CAE a 155 €/MWh, por su parte, se ahorra más de 17.000 € frente a la alternativa de pagar al FNEE a 189,165 €/MWh por esos 510 MWh de obligación. Todos ganan: el industrial reduce payback, el instalador e intermediarios abren nuevas líneas de negocio y la comercializadora cumple su obligación a menor coste.
Papel de instaladores, ESEs y consultoras en la madurez del mercado
Uno de los cuellos de botella del sistema es la identificación de actuaciones elegibles. Aquí los instaladores, las Empresas de Servicios Energéticos (ESEs) y las consultoras técnicas juegan un papel determinante: son quienes conocen las instalaciones, proponen las mejoras de eficiencia y pueden traducirlas en proyectos aptos para generar CAE.
Para un instalador o una ESE, ofrecer al cliente no solo la oferta técnica y económica de la mejora, sino también la posibilidad de monetizar los ahorros, se ha convertido en una clara ventaja competitiva. Muchas empresas ya incluyen en sus propuestas la compra de los ahorros al cliente o, al menos, el acompañamiento para venderlos a sujetos obligados o delegados.
Las asociaciones sectoriales han tenido un papel esencial en este proceso de maduración. ANESE, por ejemplo, ha colaborado estrechamente con el MITERD en el despliegue del sistema y ha impulsado publicaciones como la “Guía Sistema CAEs: Transmisión y monetización del ahorro energético en el sector público”, que ayuda a las administraciones a entender el marco regulatorio y a aprovechar bien el sistema.
Al mismo tiempo, se han reforzado alianzas con entidades como EVO, UNE o APD para extender la cultura de la eficiencia y los modelos de contrato basados en ahorro garantizado. Todo ello ha contribuido a que el sector de las ESEs vea cómo su facturación casi se duplica en pocos años, pasando de alrededor de 2.400 millones de euros a más de 4.600 millones.
Consultoras especializadas, como las que enfocan su oferta a sectores intensivos en energía (por ejemplo, la industria alimentaria o de bebidas), prestan servicios de diagnóstico de potencial de ahorro, diseño de expedientes CAE, gestión documental, búsqueda de sujetos obligados y coordinación con verificadores acreditados como OCA, EQA, AENOR, LGAI, Bureau Veritas, SGS y otros. Esta profesionalización es una señal clara de la madurez creciente del mercado.
Procedimiento práctico para obtener y comercializar CAE
La tramitación de un expediente CAE combina aspectos técnicos, administrativos y de verificación, pero sigue una secuencia bastante clara. En la práctica, el proceso se articula en cinco grandes fases que garantizan trazabilidad y transparencia.
La primera es la identificación de la actuación y la elección de la metodología: hay que analizar las instalaciones, ver qué medidas de eficiencia son viables, estimar los ahorros y decidir si encajan en una ficha estandarizada o si deben tratarse como medida singular bajo protocolos de medición y verificación, como el IPMVP.
La segunda fase es la elaboración del expediente CAE. Una oficina técnica o consultora recopila toda la documentación (facturas, fichas técnicas, memorias, evidencias fotográficas, curvas de consumo, etc.), realiza los cálculos siguiendo las fórmulas oficiales y estructura el expediente según los requisitos del MITECO y de la comunidad autónoma competente.
En tercer lugar interviene el verificador acreditado, que revisa la coherencia del expediente, contrasta el origen de los datos, valida la línea base y los ahorros estimados y, en muchos casos, realiza inspecciones in situ. Si todo encaja, emite un informe favorable que da luz verde a la presentación administrativa.
La cuarta fase es la validación administrativa por parte del gestor autonómico. La comunidad autónoma revisa la documentación, pide aclaraciones si es necesario y, si considera que se cumplen todos los requisitos, realiza la propuesta de inscripción al Registro Nacional de CAE. Una vez el MITERD inscribe los certificados, estos pasan a estar disponibles para su uso o comercialización.
Finalmente, llega la fase de liquidación o venta de los CAE. Los sujetos obligados los pueden aplicar directamente para cubrir sus obligaciones anuales, mientras que los sujetos delegados pueden optar por venderlos a otras empresas obligadas en el mercado secundario. En la práctica, gran parte de estas operaciones se canalizan a través de acuerdos bilaterales y plataformas de intermediación, donde el precio se ajusta en función de la oferta y la demanda, del tiempo restante hasta el cierre del ejercicio y de la calidad percibida de los certificados.
Madurez del mercado, retos pendientes y evolución regulatoria
Pese a los avances, el sistema de CAE tiene todavía retos importantes si quiere consolidarse como una herramienta estable a largo plazo. Uno de ellos es la propia madurez del mercado secundario: aunque el volumen de operaciones crece, los precios muestran aún cierta volatilidad y existe heterogeneidad en las condiciones contractuales.
Otro gran desafío es la carga administrativa. La preparación de expedientes, la documentación requerida y la coordinación entre distintos organismos pueden resultar complejas, especialmente para pymes o ayuntamientos con pocos recursos técnicos. De ahí que se insista tanto en la necesidad de simplificar trámites, homogeneizar criterios entre comunidades autónomas y profundizar en la digitalización de controles y registros.
También es clave mantener actualizadas las fichas estandarizadas y metodologías, incorporando nuevas tecnologías y usos que hoy no están cubiertos. A medida que la transición energética avance (digitalización de la gestión energética, almacenamiento, flexibilidad de la demanda, centros de datos, biometano, etc.), será necesario que el catálogo de actuaciones elegibles se amplíe y se adapte.
En paralelo, se está prestando mucha atención a la coherencia de criterios en la interpretación de las fichas y protocolos. Actualmente, algunas comunidades autónomas difieren en la forma de aplicar ciertos parámetros o en la exigencia de documentación, lo que genera incertidumbre. El MITECO va clarificando casos, pero todavía queda camino para lograr una armonización plena.
En el ámbito europeo, se abre la puerta a que en el futuro puedan explorarse sistemas interoperables o mercados transnacionales de certificados, lo que daría una dimensión completamente distinta al valor de los CAE y permitiría economías de escala, intercambio de conocimiento y una mayor integración de la política de eficiencia en el conjunto de la UE.
En este contexto, el sistema español de CAE se encuentra en una fase de madurez creciente: ha demostrado que funciona, que es capaz de movilizar inversión y que genera un mercado nuevo en torno a la eficiencia, pero al mismo tiempo tiene por delante el reto de consolidar su credibilidad, reforzar la transparencia de precios, acercarse más al tejido pyme y a la ciudadanía y coordinarse con otras políticas de descarbonización como el autoconsumo, la movilidad eléctrica, el biometano o la gestión activa de la demanda.
Todo apunta a que, con una obligación de ahorro creciente, un marco normativo cada vez más exigente y un ecosistema de sujetos obligados, delegados, ESEs, instaladores y verificadores cada vez más profesionalizado, los Certificados de Ahorro Energético van a seguir ganando peso como herramienta de financiación de la eficiencia y como indicador tangible de la madurez del mercado energético español.
